A través del ruido informativo de octubre de 2026, el pensamiento burgués solo es capaz de vislumbrar el caos. Pero este caos no es más que una apariencia: tras las maniobras diplomáticas, las crisis gubernamentales y las represiones policiales se oculta una misma fisiología de la crisis estructural del capitalismo.
La mitología liberal de los “derechos humanos” y de la inviolabilidad de las sanciones se desmorona cuando está en juego la supervivencia de los monopolios. El imperialismo estadounidense, cuyo símbolo es la Estatua de la Libertad, enfrentado a la asfixia logística provocada por el cierre del estrecho de Ormuz en el contexto de la guerra en Oriente Medio, reanuda las compras de potasa bielorrusa. De este modo, contribuye a llenar las arcas del Estado al que el periodismo liberal, mucho antes de la guerra en Ucrania y del sangriento agosto bielorruso de 20201, ya había colgado la etiqueta de “la última dictadura de Europa”. Al capital —sin importar bajo qué bandera obtenga sus ganancias— le tiene sin cuidado la fachada política. Para él no hay diferencia entre imponer sanciones y levantarlas: la elección depende de qué resulte más rentable en cada momento. Y en este caso concreto, cuando las corporaciones agrícolas estadounidenses necesitan imperiosamente reducir sus costes, a los periodistas liberales no les queda más remedio que ocultar vergonzosamente los hechos incómodos en áridos informes bursátiles o construir apresuradamente una coartada ideológica para justificar este acuerdo.
No estamos ante una conspiración de embusteros, sino, según la precisa fórmula de Engels, ante la ideología en el sentido estricto de la palabra. El periodista que escribe sobre la “necesidad humanitaria”, en la mayoría de los casos, está sinceramente convencido de que piensa en categorías morales.
Cuando la base económica exige abolir los principios políticos, el aparato ideológico al servicio del capital recurre a tres instrumentos principales para justificar esta contradicción:
- La coartada humanitaria (“la lucha contra el hambre mundial”): el levantamiento de las sanciones a los fertilizantes potásicos no se explica por el afán del capital agrario estadounidense de preservar su tasa de ganancia, sino por una grandilocuente “preocupación por la seguridad alimentaria mundial”. Los periodistas comienzan a demostrar que los fertilizantes constituyen una mercancía excepcional, de carácter humanitario, sin la cual el llamado Sur Global quedaría al borde de la hambruna. La financiación de un aliado del imperialismo ruso se reempaqueta mágicamente como un “acto necesario para salvar a la humanidad”.
- La retórica del “mal menor” y del pragmatismo: la prensa económica recuerda de repente la Realpolitik. Las concesiones se presentan como una capitulación forzosa, amarga pero “políticamente sabia”, ante la realidad, destinada a contener la inflación interna. El “pragmatismo” y la Realpolitik no constituyen aquí una explicación de lo que ocurre, sino apenas una capitulación verbal ante los hechos: presentan la interacción externa y mecánica de los capitales —la competencia por el mercado de fertilizantes— como causa allí donde actúa una ley mucho más profunda, oculta tras esa competencia: la ley de la acumulación del capital. Se afirma que proteger el bolsillo del consumidor estadounidense y la rentabilidad de los agricultores del Medio Oeste es, en este momento, más importante que aislar al “Estado policial” bielorruso (¿acaso pueden existir Estados burgueses sin funciones policiales?).
- La figura de la omisión (desplazamiento del foco): los principales medios de comunicación simplemente marginan esta noticia. Si la brutalidad del régimen de Lukashenko en agosto de 2020 o su complicidad en la guerra de Ucrania ocupaban las portadas, el levantamiento de las sanciones a “Belaruskali” aparece en letra pequeña, en las secciones económicas especializadas. Se presenta como un rutinario ajuste burocrático de las licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, omitiendo que esa misma operación llena las arcas del mismo Estado bielorruso.
De este modo, la prensa cumple su función clásica: enmascara el interés de clase y el interés corporativo bajo el manto de la necesidad objetiva, demostrando que la imposición de sanciones constituye un triunfo de los derechos humanos, mientras que su levantamiento en beneficio de los monopolios constituye un triunfo del sentido común.
En realidad, estamos ante un ejemplo de manual de cómo la base económica quiebra la superestructura idealista: toda la demagogia democrática se desecha en aras de materias primas baratas y de la preservación de la rentabilidad.
Al mismo tiempo, en el otro extremo de Europa, el capital devora abiertamente a su propio proletariado. El desahucio de una española de 87 años por parte de una corporación de inversión inmobiliaria con el fin de disparar los alquileres no es un “fallo del sistema”, sino el verdadero rostro del mercado, donde la vivienda pierde definitivamente su valor de uso —un techo bajo el que cobijarse— para convertirse en una pura abstracción de la rentabilidad financiera: capital ficticio que se alimenta de las necesidades humanas básicas.
¿Cómo y por qué ocurre esto? Al enfrentarse a la inexorable caída de la tasa de ganancia en el sector real de la economía, el capital global excedente busca convulsivamente nuevas esferas para su valorización y encuentra su salvación en la renta monopólica. Los megafondos transnacionales compran barrios residenciales enteros no para gestionar los inmuebles, sino para “titulizar” esos metros cuadrados de hormigón: convertir los alquileres esperados en derivados y valores negociables en bolsa. El apartamento deja de ser una cosa y se convierte en un mero título de propiedad que otorga el derecho a cobrar cupones de forma continua. El capital toma conscientemente como rehén la necesidad biológica humana más inelástica: la necesidad de refugio, de la que el proletario no puede prescindir físicamente.
Como resultado, el alquiler se convierte en un mecanismo de despiadada explotación secundaria: primero, el capitalista industrial o de plataforma extrae del trabajador la plusvalía en el proceso de trabajo; después, el rentista financiero, mediante la renta, expropia la parte del león de su salario —el valor necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo—, condenando a las masas a una permanente servidumbre por deudas o a la falta de vivienda.
El capital, en su propia naturaleza, alienada de la sociedad, se revela aquí en toda su desnuda condición parasitaria: una fuerza de origen social —el parque de viviendas de una ciudad entera, construido mediante el trabajo de muchas generaciones— apropiada, sin embargo, de forma privada por un reducido grupo de propietarios de títulos financieros. Es precisamente esta contradicción la que, en palabras del propio Marx, se vuelve cada vez más flagrante y presupone la abolición de esta relación.
Las protestas masivas en los campamentos de tiendas de campaña y las elecciones anticipadas convocadas por el gobierno de Sánchez en el contexto de la llegada de 80.000 migrantes —ese ejército industrial de reserva global, proletarizado y desarraigado por la implacable penetración del capital imperialista— no hacen más que poner al descubierto la parálisis total del Estado burgués.
La migración es una consecuencia objetiva de la expansión imperialista, que destruye los modos de vida tradicionales y expulsa a las masas proletarias arruinadas al mercado mundial como una mercancía barata: la fuerza de trabajo. Mientras tanto, la oligarquía privatiza la vivienda, y los partidos de la izquierda, sumidos en el cretinismo parlamentario, cumplen una función salvadora para el capital al actuar como pararrayos frente a la ira proletaria.
En el otro flanco de la crisis global, la carnicería imperialista en Europa del Este sigue funcionando como un gigantesco mecanismo de destrucción física de capital excedente y de “población excedente”. Los intentos de la burguesía india de actuar como mediadora para desbloquear el mar Negro no constituyen un pacifismo abstracto, sino un paso pragmático de uno de los depredadores imperialistas que busca preservar las arterias logísticas del mercado mundial.
Un suministro estable de grano y fertilizantes baratos procedentes del mar Negro es vital para el capital indio con el fin de reducir al máximo el coste de la cesta alimentaria y, por tanto, abaratar el coste de reproducción de su propia fuerza de trabajo, compuesta por decenas de millones de trabajadores, manteniendo los salarios del proletariado local en el nivel mínimo necesario para extraer superganancias.
Al mismo tiempo, al actuar como árbitro entre las potencias empantanadas en la guerra, el capital financiero indio, fortalecido por el desarrollo combinado, convierte cínicamente el conflicto ajeno en un instrumento de su propio peso en política exterior, legitimando sus pretensiones de participar de pleno derecho en el reparto de las esferas de influencia.
Mientras tanto, en Ucrania se destruyen la infraestructura industrial y energética del capital y las vidas del proletariado; la burguesía estonia, “por si acaso”, concentra tropas de élite en Narva e intercambia la plusvalía acumulada en las arcas de Tallin por sistemas HIMARS estadounidenses. Se trata de un caso particular y local de redistribución de lo ya saqueado, en condiciones de desconfianza mutua entre capitalistas que paraliza a toda la región.
En paralelo, el imperialismo ruso consolida su retaguardia, depurando metódicamente el campo político: la fabricación de graves causas penales contra activistas de la oposición constituye el clásico terror preventivo de la dictadura del capital, presa del pánico ante un posible estallido social interno.
Al mismo tiempo, el Estado intenta convertir en fuente de ingresos la propia necesidad de la población de acceder a información que no esté bajo el control del Kremlin, estudiando la posibilidad de tarificar el tráfico VPN en las redes 5G. Los obstáculos técnicos temporales no hacen más que retrasar este saqueo, pero el objetivo de clase está claro: obligar al proletariado a pagar de su propio bolsillo por la celda de su prisión digital.
Esta crónica no deja lugar a ilusiones. El capital moribundo no se detendrá por sí solo. Seguirá arrojando a los ancianos a las calles de Madrid, enviando a los trabajadores al matadero de las trincheras del Donbás y encarcelando a los disidentes.
La humanidad se enfrenta a una elección material implacable: o el proletariado internacional, dirigido por el partido comunista mundial, aplasta este sistema en descomposición, o el capitalismo arrastrará inevitablemente al mundo hacia la barbarie de la aniquilación total.
Footnotes
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– Entonces, en apenas unos días, las fuerzas de seguridad arrojaron a más de 10.000 ciudadanos en centros de detención hacinados y los torturaron, mientras varios participantes en las protestas fueron asesinados. No se abrió ni una sola causa penal contra miembros de las fuerzas de seguridad por ninguno de los casos de represalias y palizas. ↩